Abogado fue nombrado en Gerencia, pese a que hace poco negoció con comuna edil representando a Graña y Montero.
CARLOS NAVEA P.
Más de un año ha transcurrido desde que Susana Villarán asumió la alcaldía de Lima Metropolitana y la población aún no percibe avances en materia de orden urbano, transporte y seguridad ciudadana. No obstante, un gran impulso se ha dado a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP), recientemente a cargo de de Luis Alberto Molero Coca, hasta hace una semana abogado de empresas que tienen millones en juego en el municipio capitalino.
Así lo denunció el regidor Jaime Salinas, quien dijo que el pasado 9 de febrero, mediante la Resolución de Alcaldía 071–2012, Villarán de la Puente decidió nombrar a Molero Coca sin importarle que, precisamente éste, haya sido quien redactó el contrato que Graña & Montero ahora negocia con la Municipalidad de Lima por la concesión de la Av. Javier Prado, con un monto superior a los US$ 700 millones.
Pero no es el único caso. Molero Coca, ahora desde el otro lado de la acera, debe negociar, defendiendo los intereses de la ciudad, la iniciativa privada presentada por Graña & Montero por el Paseo de la República, por un jugoso contrato de US$ 200 millones.
CARLOS NAVEA P.
Más de un año ha transcurrido desde que Susana Villarán asumió la alcaldía de Lima Metropolitana y la población aún no percibe avances en materia de orden urbano, transporte y seguridad ciudadana. No obstante, un gran impulso se ha dado a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP), recientemente a cargo de de Luis Alberto Molero Coca, hasta hace una semana abogado de empresas que tienen millones en juego en el municipio capitalino.
Así lo denunció el regidor Jaime Salinas, quien dijo que el pasado 9 de febrero, mediante la Resolución de Alcaldía 071–2012, Villarán de la Puente decidió nombrar a Molero Coca sin importarle que, precisamente éste, haya sido quien redactó el contrato que Graña & Montero ahora negocia con la Municipalidad de Lima por la concesión de la Av. Javier Prado, con un monto superior a los US$ 700 millones.
Pero no es el único caso. Molero Coca, ahora desde el otro lado de la acera, debe negociar, defendiendo los intereses de la ciudad, la iniciativa privada presentada por Graña & Montero por el Paseo de la República, por un jugoso contrato de US$ 200 millones.
Lo que llama poderosamente la atención de Salinas es el silencio que Villarán y Eduardo Zegarra guardan en torno a la GPIP, donde existe claramente un flagrante conflicto de intereses.
El dato
Otra circunstancia que motiva sospechas en Salinas es la vinculación existente entre el ahora funcionario municipal, de comprobada afiliación aprista, y el ex gerente de la actual gestión municipal limeña, Miguel Prialé, quien en el gobierno de García Pérez fue jefe del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Otra circunstancia que motiva sospechas en Salinas es la vinculación existente entre el ahora funcionario municipal, de comprobada afiliación aprista, y el ex gerente de la actual gestión municipal limeña, Miguel Prialé, quien en el gobierno de García Pérez fue jefe del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
No hay comentarios:
Publicar un comentario