Congresista Alejandro Aguinaga asegura que solo cinco de estos grupos fueron beneficiados con este importante aporte, sin ningún control por parte de la APCI.
CARLOS NAVEA P.
Lluvia de millones. Algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como Aprodeh y el IDL, han vuelto a ser noticia en los últimos días por su gestión contra nuestras Fuerzas Armadas y su intento por desaparecer la justicia militar en nuestro país, como lo revelara EXPRESO días atrás.
Pero eso no es todo, ya que hoy nos damos con una nueva sorpresa alrededor de estos grupos, con cifras que dejan a más de uno con la boca abierta. Y es que resulta que en apenas cuatro años: del 2006 al 2010, solo cinco ONGs –entre ellas Aprodeh y el IDL– han recibido US$ 19 millones 900 mil, para supuestas actividades sociales y solventar acciones a favor de los derechos humanos.
Así lo reveló el congresista Alejandro Aguinaga, quien consideró que el trabajo de operadores judiciales de las fuerzas terroristas, que realizan algunas de las ONG, las favorece con remuneraciones millonarias que nadie sabe a dónde van a parar.
Sin control
Aguinaga, representante de Fuerza 2011, recordó que en el 2006 se dio una ley para regular el funcionamiento de las ONG, para que no solamente inscriban sus proyectos sino que brinden la información de las fuentes cooperantes y cómo es el desarrollo de sus gastos, norma que se declaró inconstitucional. “Estos organismos, que a todos nosotros nos exigen transparencia, no fueron transparentes. No quieren serlo”, dijo.
El parlamentario recordó además que un informe del Consejo por la Paz, entidad presidida por Francisco Diez Canseco, reveló que entre los años 2004 y 2005, apenas doce ONG, autodenominadas defensoras de los derechos humanos y vinculadas a la izquierda, recibieron US$ 43 millones, significando esta cifra entre el 20 y 30 por ciento del total de dinero obtenido por las diferentes organizaciones sin fines de lucro, sólo referente a la cooperación internacional entregada por organismos extranjeros independientes a sus gobiernos.
De todas estas entidades que operan en el país, IDL (Instituto de Defensa Legal) se adjudicó más de US$ 5.5 millones en dicho período, y Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos) recibió en 2004 un total de US$ 465 mil 99 para trabajos en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, relacionados con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Aguinaga, representante de Fuerza 2011, recordó que en el 2006 se dio una ley para regular el funcionamiento de las ONG, para que no solamente inscriban sus proyectos sino que brinden la información de las fuentes cooperantes y cómo es el desarrollo de sus gastos, norma que se declaró inconstitucional. “Estos organismos, que a todos nosotros nos exigen transparencia, no fueron transparentes. No quieren serlo”, dijo.
El parlamentario recordó además que un informe del Consejo por la Paz, entidad presidida por Francisco Diez Canseco, reveló que entre los años 2004 y 2005, apenas doce ONG, autodenominadas defensoras de los derechos humanos y vinculadas a la izquierda, recibieron US$ 43 millones, significando esta cifra entre el 20 y 30 por ciento del total de dinero obtenido por las diferentes organizaciones sin fines de lucro, sólo referente a la cooperación internacional entregada por organismos extranjeros independientes a sus gobiernos.
De todas estas entidades que operan en el país, IDL (Instituto de Defensa Legal) se adjudicó más de US$ 5.5 millones en dicho período, y Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos) recibió en 2004 un total de US$ 465 mil 99 para trabajos en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, relacionados con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
“Sacan provecho”
Según el ex ministro de Defensa Rafael Rey, organismos como Aprodeh reparten el cuestionado Informe Final de la CVR en el extranjero, buscando percibir mayores ingresos, aunque no siempre llevando la verdad bajo el brazo.
Recordó que durante la visita de los comisionados de la verdad a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo –al poco tiempo de haber presentado su informe– una serie de organizaciones representadas por él intentó conversar con las autoridades europeas y hacer llegar puntos de vista distintos a la CVR y las criticas hacia su informe, pero estas se negaron, señalando que solamente querían escuchar a Salomón Lerner Febres.
Rey agregó que los fallos favorables en los juicios que arman en contra del Estado llevan directamente a sus cuentas nada menos que el 40% de lo que se indemniza a las supuestas víctimas. Por ello dijo estar convencido que el lobby de las ONG de izquierda caviar, con el poder político que consiguieron al infiltrarse en los medios de comunicación y poderes del Estado, las envalentona y las lleva, incluso, a legitimizar los abominables actos de terrorismo con el objetivo de favorecerse económicamente.
Según el ex ministro de Defensa Rafael Rey, organismos como Aprodeh reparten el cuestionado Informe Final de la CVR en el extranjero, buscando percibir mayores ingresos, aunque no siempre llevando la verdad bajo el brazo.
Recordó que durante la visita de los comisionados de la verdad a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo –al poco tiempo de haber presentado su informe– una serie de organizaciones representadas por él intentó conversar con las autoridades europeas y hacer llegar puntos de vista distintos a la CVR y las criticas hacia su informe, pero estas se negaron, señalando que solamente querían escuchar a Salomón Lerner Febres.
Rey agregó que los fallos favorables en los juicios que arman en contra del Estado llevan directamente a sus cuentas nada menos que el 40% de lo que se indemniza a las supuestas víctimas. Por ello dijo estar convencido que el lobby de las ONG de izquierda caviar, con el poder político que consiguieron al infiltrarse en los medios de comunicación y poderes del Estado, las envalentona y las lleva, incluso, a legitimizar los abominables actos de terrorismo con el objetivo de favorecerse económicamente.
180 ONGs se beneficiaron
El ex ministro de Defensa Daniel Mora denunció que en las dos últimas décadas del siglo pasado, en la ciudad de Huamanga (Ayacucho), más de 180 ONGs se beneficiaron económicamente con las indemnizaciones que recibían los familiares de los senderistas que perdieron la vida tras enfrentar a las fuerzas del orden.
“Lamentablemente no se ha resarcido a las víctimas reales o a los ronderos, quienes lucharon contra Sendero Luminoso, sino a los familiares de terroristas. Por ello, muchas de las verdaderas víctimas no creen en el Estado, porque no fue capaz de indemnizar la pérdida de su familiar”, dijo.
Refirió que es falso que Aprodeh defienda a los terroristas de forma caritativa. “Aprodeh cobra parte de las indemnizaciones que las victimas de terrorismo reciben, piden al Estado que les pague los costos que han demandado los procesos de terroristas. Ellos sin eso no tendrían de qué vivir”, refirió Mora.
El ex ministro de Defensa Daniel Mora denunció que en las dos últimas décadas del siglo pasado, en la ciudad de Huamanga (Ayacucho), más de 180 ONGs se beneficiaron económicamente con las indemnizaciones que recibían los familiares de los senderistas que perdieron la vida tras enfrentar a las fuerzas del orden.
“Lamentablemente no se ha resarcido a las víctimas reales o a los ronderos, quienes lucharon contra Sendero Luminoso, sino a los familiares de terroristas. Por ello, muchas de las verdaderas víctimas no creen en el Estado, porque no fue capaz de indemnizar la pérdida de su familiar”, dijo.
Refirió que es falso que Aprodeh defienda a los terroristas de forma caritativa. “Aprodeh cobra parte de las indemnizaciones que las victimas de terrorismo reciben, piden al Estado que les pague los costos que han demandado los procesos de terroristas. Ellos sin eso no tendrían de qué vivir”, refirió Mora.
“Muestran desconocimiento”
Las ONG que demandan la inconstitucionalidad de la justicia castrense en el país muestran un absoluto desconocimiento de la Carta Magna, pues este fuero está plenamente resguardado por el máximo documento normativo del país.
Así lo indicó el ex titular de Defensa Ántero Flores-Aráoz, quien dijo que la ley de leyes consagra a la justicia militar policial como la encargada de juzgar los delitos de función cometidos por miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas. “La justicia militar policial es perfectamente constitucional. Las ONG muestran un desconocimiento absoluto al pretender la eliminación de esa instancia jurisdiccional”, aseveró el también ex presidente del Congreso.
Recordó que el Tribunal Constitucional ya ha declarado la constitucionalidad de la existencia, organización y competencias del Fuero Militar Policial, ante otra demanda presentada hace tres años por una ONG, pero agregó que ya nada de lo que hagan esas organizaciones no gubernamentales le causa extrañeza.
Las ONG que demandan la inconstitucionalidad de la justicia castrense en el país muestran un absoluto desconocimiento de la Carta Magna, pues este fuero está plenamente resguardado por el máximo documento normativo del país.
Así lo indicó el ex titular de Defensa Ántero Flores-Aráoz, quien dijo que la ley de leyes consagra a la justicia militar policial como la encargada de juzgar los delitos de función cometidos por miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas. “La justicia militar policial es perfectamente constitucional. Las ONG muestran un desconocimiento absoluto al pretender la eliminación de esa instancia jurisdiccional”, aseveró el también ex presidente del Congreso.
Recordó que el Tribunal Constitucional ya ha declarado la constitucionalidad de la existencia, organización y competencias del Fuero Militar Policial, ante otra demanda presentada hace tres años por una ONG, pero agregó que ya nada de lo que hagan esas organizaciones no gubernamentales le causa extrañeza.
El dato
Aprodeh, la ONG que demandó al Perú por supuestas ejecuciones extrajudiciales en el operativo Chavín de Huántar, y que abogó por el MRTA en el Parlamento Europeo, viene asesorando a la madre del emerretista Eduardo Cruz Sánchez, conocido como camarada “Tito".
Aprodeh, la ONG que demandó al Perú por supuestas ejecuciones extrajudiciales en el operativo Chavín de Huántar, y que abogó por el MRTA en el Parlamento Europeo, viene asesorando a la madre del emerretista Eduardo Cruz Sánchez, conocido como camarada “Tito".
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