EL COMERCIO
El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, no solo tendrá que dar explicaciones al Ministerio Público sobre los supuestos usos políticos que le dio a una partida presupuestal de su administración, la cual estaba destinada a proyectos educativos.
La Comisión de Fiscalización del Congreso también lo citará en marzo próximo para que rinda cuentas de los recursos obtenidos para la denominada marcha del agua y de todas las manifestaciones antimineras que ha encabezado. Así lo señaló el titular de ese grupo, Martín Belaunde.
“Hay un posible delito de malversación de fondos y peculado. Que el dinero que va dirigido a ciertas partidas termine siendo usado con fines políticos es criminal”, sostuvo el fujimorista Alejandro Aguinaga.
Belaunde dijo que estas denuncias contra Santos lo deslegitiman en el ejercicio del cargo y, desde Fiscalización, evaluarían qué sanciones proponer.
Además de Belaunde, representantes de las diferentes bancadas que integran la Comisión de Fiscalización señalaron que la contraloría no solo debe investigar la paralización del 9 de noviembre del año pasado. Pidieron que se hagan las pesquisas para determinar quién financió la denominada marcha del agua.
El nacionalista Luis Llatas también se sumó al llamado para que la contraloría investigue al detalle el financiamiento de esta marcha. El día del mitin de cierre de esa protesta, El Comercio consultó a Santos y Marco Arana –el organizador– de dónde salieron los recursos. Según ambos, estos fueron donados por los participantes y algunas ONG, cuyos nombres no informaron.
De otro lado, Juan Carlos Eguren, vocero de Alianza por el Gran Cambio, propuso la creación de una comisión investigadora de las paralizaciones encabezadas por Santos. De esta manera, indicó, deberá acudir de grado o fuerza al Congreso y se podría levantar su secreto bancario.
“Lamentablemente, no es novedad. La contraloría debe hacer una investigación profunda que termine con sanciones ejemplares que hagan entender a los presidentes regionales que el gobierno no es su chacra”, sentenció.
El presidente regional de Piura, Javier Atkins, pidió que la contraloría indague al detalle para que el caso pase al Ministerio Público y sea el Poder Judicial el que sancione.
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