(Andina). El presidente del Poder Judicial, César San Martín, garantizó la independencia de los magistrados que se encargarán de abordar el caso Chavín de Huántar, y reiteró sus críticas a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de denunciar al Estado peruano ante la Corte de San José.
“Aquí hay un Poder Judicial independiente; que el caso Chavín lo estamos trabajando con seriedad, rigor, jueces independientes; yo soy garante de la independencia de los jueces”, subrayó.
San Martín expresó su malestar por la forma como plantea los casos la CIDH al señalar que una causa solamente puede ser internacionalizada cuando se cierra la vía interna, y esto no ha sucedido en el mencionado caso.
“He salido a sentar posición porque el núcleo de las dos últimas decisiones de la CIDH que han ido a la Corte de San José en forma de demanda, afectan directamente al Poder Judicial”, dijo en Global Televisión.
El magistrado indicó que el Perú no es un país de democracia limitada, intervenida o “seudo democracia”, en el cual se pueda poner en tela de juicio la independencia del Poder Judicial.
Explicó que el largo periodo de tiempo que el caso Chavín de Huántar permanece pendiente en el Poder Judicial se debe a su gran complejidad.
“Hay dos temas grandes que hay que trabajar: la legitimidad del operativo en sí, porque eso forma parte de la acusación, y luego el tema básico de que si efecto hubo o no ejecución extrajudicial”, explicó.
UN CASO COMPLEJO
En ese sentido, precisó que el caso Chavín de Huántar es un problema “básicamente de evidencias, factual de hechos” sobre si hubo una ejecución de personas rendidas.
En ese sentido, precisó que el caso Chavín de Huántar es un problema “básicamente de evidencias, factual de hechos” sobre si hubo una ejecución de personas rendidas.
De acuerdo a denuncias, por lo menos uno de los terroristas del MRTA que integró el comando que tomó por asalto la residencia del embajador del Japón en Lima en 1997, fue asesinado tras haber sido capturado con vida durante la operación de rescate “Chavín de Huántar”.
El caso ha motivado que la CIDH denunciará al Estado peruano ante la Corte de San José por la presunta ejecución de Eduardo Cruz Sánchez, el terrorista que habría sido asesinado.
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