Izquierdistas radicales están enquistados en el Estado y desde allí conspiran contra la democracia, advierte Héctor Jhon Caro.
Acciones inmediatas. Luego de conocerse que 14 directores de colegios estatales figuran entre las personas que firmaron los planillones para que el grupo pro senderista Movadef sea reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como partido político, y que mil docentes con antecedentes por terrorismo imparten clases en las instituciones educativas públicas, el ex director de la Dircote, general PNP (r) Héctor Jhon Caro criticó la poca capacidad del Ministerio de Educación (Minedu) para apartar a los elementos sediciosos del magisterio.
El ex jefe policial propuso que el Minedu cree un aparato fiscalizador que se desplace a los pueblos más alejados para descubrir a los senderistas que fungen de maestros con el fin de captar adeptos para su grupo.
“Lamentablemente el Minedu no tiene una presencia activa en los pueblos alejados, donde encontramos una cantera de profesores que hacen proselitismo abiertamente. En esos lugares el ministerio debe tener un acercamiento con las autoridades locales y con la ciudadanía misma para tener una visión más completa de las personas que imparten clases en los colegios públicos”, dijo el ex director de la Dircote.
Acciones inmediatas. Luego de conocerse que 14 directores de colegios estatales figuran entre las personas que firmaron los planillones para que el grupo pro senderista Movadef sea reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como partido político, y que mil docentes con antecedentes por terrorismo imparten clases en las instituciones educativas públicas, el ex director de la Dircote, general PNP (r) Héctor Jhon Caro criticó la poca capacidad del Ministerio de Educación (Minedu) para apartar a los elementos sediciosos del magisterio.
El ex jefe policial propuso que el Minedu cree un aparato fiscalizador que se desplace a los pueblos más alejados para descubrir a los senderistas que fungen de maestros con el fin de captar adeptos para su grupo.
“Lamentablemente el Minedu no tiene una presencia activa en los pueblos alejados, donde encontramos una cantera de profesores que hacen proselitismo abiertamente. En esos lugares el ministerio debe tener un acercamiento con las autoridades locales y con la ciudadanía misma para tener una visión más completa de las personas que imparten clases en los colegios públicos”, dijo el ex director de la Dircote.
De pueblo en pueblo
Para Jhon Caro, el trabajo a desarrollar por el sector debe tener una política de llegada hacia todos los pueblos. “Debe contar con órganos fiscalizadores que vayan de pueblo en pueblo e identifiquen a los terroristas para que estos sean apartados del magisterio”, opinó.
Recordó además que la penetración de los grupos terroristas en el magisterio no es nueva. “No es la primera vez que encontramos este tipo de infiltración. No olvidemos que el partido Patria Roja está enquistado en el Sutep, enarbolando la bandera del comunismo, con lo cual apoyan indirectamente a los grupos violentistas”, recalcó.
El general en retiro además recordó que por su trabajo en la sierra de Áncash ha sido testigo de cómo en los pueblos pequeños ubicados en las alturas de Paquián, Siguas, Chiquián, Aija, entre otros, los maestros son los dueños de toda la formación educativa y en muchos casos los infiltrados del terror actúan impunemente envenenando a la niñez y juventud. “Si esto no se detiene, nos espera un futuro incierto”, advirtió.
Jhon Caro dijo que no solo el Minedu es el responsable de la infiltración. “Desde el gobierno de Toledo no existe un sistema de Inteligencia que permita prevenir este tipo de infiltración. En el gobierno anterior tampoco se hizo nada en este rubro. El Poder Judicial y el Ministerio Público también deben apoyar en esta tarea”, consideró.
Para Jhon Caro, el trabajo a desarrollar por el sector debe tener una política de llegada hacia todos los pueblos. “Debe contar con órganos fiscalizadores que vayan de pueblo en pueblo e identifiquen a los terroristas para que estos sean apartados del magisterio”, opinó.
Recordó además que la penetración de los grupos terroristas en el magisterio no es nueva. “No es la primera vez que encontramos este tipo de infiltración. No olvidemos que el partido Patria Roja está enquistado en el Sutep, enarbolando la bandera del comunismo, con lo cual apoyan indirectamente a los grupos violentistas”, recalcó.
El general en retiro además recordó que por su trabajo en la sierra de Áncash ha sido testigo de cómo en los pueblos pequeños ubicados en las alturas de Paquián, Siguas, Chiquián, Aija, entre otros, los maestros son los dueños de toda la formación educativa y en muchos casos los infiltrados del terror actúan impunemente envenenando a la niñez y juventud. “Si esto no se detiene, nos espera un futuro incierto”, advirtió.
Jhon Caro dijo que no solo el Minedu es el responsable de la infiltración. “Desde el gobierno de Toledo no existe un sistema de Inteligencia que permita prevenir este tipo de infiltración. En el gobierno anterior tampoco se hizo nada en este rubro. El Poder Judicial y el Ministerio Público también deben apoyar en esta tarea”, consideró.
“No deben enseñar”
El ex viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler Talledo, sostuvo que el Ministerio de Educación no actuó adecuadamente en las direcciones regionales y la UGEL en provincias. Explicó que en el 2010, el Estado emitió un decreto supremo que obliga a las direcciones regionales y a la UGEL a expulsar de las aulas a los docentes condenados por terrorismo; además de reubicar a los acusados por apología al terrorismo mientras duren las investigaciones.
“Si hubiera un profesor que fuera condenado o inclusive rehabilitado, debía salir de las aulas donde trabaja con niños y jóvenes. Deberían haber sido destinados a oficinas administrativas mientras se realizaban las investigaciones que correspondían para los que no habían tenido algún proceso”, explicó.
Contó que desde la vigencia de la norma, en Lima es cumplida a cabalidad, mientras que en provincias la historia es otra. Y eso se debe a la falta de verificación del Ministerio de Educación. “Hay que hacer que el Ministerio de Educación verifique y obligue a la direcciones regionales y de UGEL, que son órganos de ejecución, a cumplir a cabalidad con este decreto supremo”, subrayó.
El ex viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler Talledo, sostuvo que el Ministerio de Educación no actuó adecuadamente en las direcciones regionales y la UGEL en provincias. Explicó que en el 2010, el Estado emitió un decreto supremo que obliga a las direcciones regionales y a la UGEL a expulsar de las aulas a los docentes condenados por terrorismo; además de reubicar a los acusados por apología al terrorismo mientras duren las investigaciones.
“Si hubiera un profesor que fuera condenado o inclusive rehabilitado, debía salir de las aulas donde trabaja con niños y jóvenes. Deberían haber sido destinados a oficinas administrativas mientras se realizaban las investigaciones que correspondían para los que no habían tenido algún proceso”, explicó.
Contó que desde la vigencia de la norma, en Lima es cumplida a cabalidad, mientras que en provincias la historia es otra. Y eso se debe a la falta de verificación del Ministerio de Educación. “Hay que hacer que el Ministerio de Educación verifique y obligue a la direcciones regionales y de UGEL, que son órganos de ejecución, a cumplir a cabalidad con este decreto supremo”, subrayó.
“Hay que estar vigilantes”
Hugo Díaz, miembro del Consejo Nacional de Educación (CNE), indicó que todos los peruanos debemos estar vigilantes respecto de algún tipo de indicio de apología al terrorismo por parte de los docentes en las aulas, sobre todo en las áreas rurales.
“Hay que estar alertas para que esto no vaya a suceder, sobre todo en las zonas rurales, ahí es donde hay que tener bastante vigilancia, y, en la eventualidad de detectarse algo, las UGEL (Unidades de Gestión Educativa Local) deberían adoptar las sanciones correspondientes”, señaló.
Díaz agregó además que este tipo de actos constituye una falta que debe ser denunciada ante la UGEL correspondiente, la cual aplicará la sanción respectiva dependiendo de la gravedad del hecho. “Una actitud de esta naturaleza merece una sanción grave o muy grave que puede ir desde una suspensión temporal del servicio por parte del profesor hasta el retiro definitivo”, agregó.
Hugo Díaz, miembro del Consejo Nacional de Educación (CNE), indicó que todos los peruanos debemos estar vigilantes respecto de algún tipo de indicio de apología al terrorismo por parte de los docentes en las aulas, sobre todo en las áreas rurales.
“Hay que estar alertas para que esto no vaya a suceder, sobre todo en las zonas rurales, ahí es donde hay que tener bastante vigilancia, y, en la eventualidad de detectarse algo, las UGEL (Unidades de Gestión Educativa Local) deberían adoptar las sanciones correspondientes”, señaló.
Díaz agregó además que este tipo de actos constituye una falta que debe ser denunciada ante la UGEL correspondiente, la cual aplicará la sanción respectiva dependiendo de la gravedad del hecho. “Una actitud de esta naturaleza merece una sanción grave o muy grave que puede ir desde una suspensión temporal del servicio por parte del profesor hasta el retiro definitivo”, agregó.
El dato
En julio de 2010 entró en vigencia un decreto supremo que prohíbe que aquellos que recibieron condenas por algún delito vinculado a la subversión ingresen o reingresen al sistema educativo. Además, se establece como causal de despido el realizar proselitismo vinculado a la subversión.
En julio de 2010 entró en vigencia un decreto supremo que prohíbe que aquellos que recibieron condenas por algún delito vinculado a la subversión ingresen o reingresen al sistema educativo. Además, se establece como causal de despido el realizar proselitismo vinculado a la subversión.
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