Mientras las acciones de interdicción contra la minería ilegal en Puno se concentran en las cuencas de los languidecientes ríos Ramis y Suches, en el altiplano, esta actividad se extiende sin control en la selva puneña, que comprende las provincias cocaleras de Carabaya y Sandia. Lo más grave es que allí se encuentra una de las últimas áreas de conservación de mayor diversidad biológica del planeta: el Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Donde antes la espesa vegetación y humedales dominaban el paisaje de la margen derecha del río Inambari, en plena zona de amortiguamiento del parque nacional, hoy se observan excavadoras que remueven toneladas de tierra en busca de oro. No hay datos oficiales, pero se estima que unos dos mil mineros ilegales están en la cuenca del Inambari (de Puno hasta Madre de Dios) y operan sin problemas porque en la explotación aurífera ilícita están involucradas las mismas autoridades.
Un audio y un video a los que tuvo acceso este Diario revelan el ilícito negocio que montaron dos alcaldes, un teniente gobernador y mineros informales de Puerto Manoa (centro poblado ubicado en la zona de influencia del Parque Nacional Bahuaja Sonene) para usar la maquinaria pesada del Estado en la explotación ilegal de oro.
En la grabación, registrada el 2 de octubre de 2011, se escucha al alcalde del distrito de San Gabán (Carabaya), Adolfo Huamantica, rendir cuentas del alquiler de la maquinaria estatal y el abastecimiento de combustible a los mineros de Puerto Manoa. A ellos les demanda el pago de más de S/.70 mil por el uso de las excavadoras y volquetes entre julio y setiembre del año pasado.
El alcalde Huamantica, quien en el 2005 fue denunciado por boicotear la erradicación de cultivos de hoja de coca en San Gabán, se habría coludido para este negocio con el alcalde de Puerto Manoa, Ángel Cruz Valeriano, el teniente gobernador Leonidas Calcina Leqque y el presidente de la Asociación de Mineros de Puerto Manoa, Javier Tinta Pérez.
DENUNCIA FORMALIZADA
El fiscal provincial de Carabaya, Henrry Valdivia, formalizó el 21 de febrero la denuncia penal contra el alcalde Huamantica por peculado doloso, y contra los otros tres implicados por complicidad en el delito. Lo hizo en medio de un enrarecido ambiente, pues el 7 de febrero, en los medios puneños, se filtró una fotografía en la que presuntamente el fiscal aparece comiendo y bebiendo cerveza con el procurador anticorrupción de Puno, Josmell Muñoz, y el alcalde Huamantica, después de la diligencia de constatación fiscal en Puerto Manoa.
El fiscal provincial de Carabaya, Henrry Valdivia, formalizó el 21 de febrero la denuncia penal contra el alcalde Huamantica por peculado doloso, y contra los otros tres implicados por complicidad en el delito. Lo hizo en medio de un enrarecido ambiente, pues el 7 de febrero, en los medios puneños, se filtró una fotografía en la que presuntamente el fiscal aparece comiendo y bebiendo cerveza con el procurador anticorrupción de Puno, Josmell Muñoz, y el alcalde Huamantica, después de la diligencia de constatación fiscal en Puerto Manoa.
“La intención de esa foto fue enturbiar una investigación en la que están apareciendo más pruebas fehacientes, como contratos firmados entre el alcalde y sus clientes. Ese día nos detuvimos en el camino a comer algo. No hubo nada irregular ni de mi parte ni del fiscal”, declaró el procurador Muñoz a este Diario.
Sin embargo, no son las únicas autoridades bajo sospecha. También está cuestionado el nuevo director regional de Energía y Minas de Puno, Luis Antonio Aguilar Ramos, accionista de la minera San José Quispe Tacca en Phara (Sandia), que operaría ilegalmente, según denuncias presentadas ante la Defensoría del Pueblo en Puno por ex trabajadores de esta empresa.
Aguilar, quien es el responsable de la fiscalización y control de la actividad minera en Puno, reconoció que posee el 10% de acciones de dicha empresa, pero no esclareció la situación en la que esta opera. “Ya no soy socio activo, no sé cuál es su situación”, dijo.
ERRADICACIÓN
Sin normas y políticas públicas coherentes sobre la actividad minera en el país, hoy 44 mil hectáreas del cinturón de protección de la intangibilidad del Parque Nacional Bahuaja Sonene están superpuestas con 255 derechos mineros, advierte el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Puno. Paradójicamente, el alcalde Adolfo Huamantica es el vicepresidente del comité que se encarga de su protección.
Sin normas y políticas públicas coherentes sobre la actividad minera en el país, hoy 44 mil hectáreas del cinturón de protección de la intangibilidad del Parque Nacional Bahuaja Sonene están superpuestas con 255 derechos mineros, advierte el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Puno. Paradójicamente, el alcalde Adolfo Huamantica es el vicepresidente del comité que se encarga de su protección.
En la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) aclaran que ninguno de los titulares de estos derechos está autorizado para explotar oro (carecen de certificados ambientales y de inicio de operaciones) en la cuenca del río Inambari. Sin embargo, la fiscalización no se cumple, pues solo hay doce personas designadas para controlar la actividad minera en toda la región.
Según la fiscal provincial en materia ambiental de Puno, Esther Daza, solo se podrá iniciar la incautación de insumos, maquinaria y bienes utilizados para actividades mineras no autorizadas (como lo establece el Decreto Legislativo 1099, aprobado el 12 de enero) cuando la DREM entregue la relación de los titulares mineros y dueños de maquinarias autorizados. Sin embargo, esa base de datos aún no está disponible.
Consultores en temas mineros como Víctor Hugo Pachas y Fidel Huisa advierten que una norma de operaciones de erradicación es insuficiente para enfrentar el complejo panorama minero en el que ya se observan nuevos conflictos . En Puno, como ya ocurre en Madre de Dios, se anuncian manifestaciones promovidas por gremios mineros que se consideran artesanales en condición ilegal y que esperaban someterse a un proceso de formalización.
“Hay un intento del Estado de enfocar el problema de la minería ilegal como una actividad de crimen organizado. A eso apuntan los decretos aprobados de control de maquinaria, insumos y rutas de traslado. Pero hace un año el Estado negociaba su formalización y hoy cambió sus reglas. Esperemos que haya una política integral”, apunta Pachas.
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