“Se le ha exigido su renuncia, ya no es funcionario público, estamos iniciando las acciones con la Contraloría porque un conflicto de esta naturaleza tiene que ser visto por Contraloría. Los funcionarios públicos no pueden tener ese doble papel”, respondió hoy el primer ministro Óscar Valdés.
Fue al ser consultado sobre el caso del -hasta anoche- director general de Hidrocarburos, Luis Zavaleta Vargas, quien además es propietario de la principal exportadora de oro del país, la misma que tiene sucursales en zonas de minería ilegal de Madre de Dios, según denunció El Comercio.
Valdés señaló que el Estado tiene cerca de 20 mil funcionarios y aseguró que el control es continuo. “Lamentamos que esto haya sido detectado primero por la prensa y se nos hayan adelantado”, se limitó a responder en relación a los filtros del Ejecutivo para evitar conflicto de intereses en la contratación de funcionarios públicos.
SOBRE ‘CHUPONEO’
Valdés también afirmó que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben adoptar acciones drásticas contra los responsables de interceptaciones telefónicas.
Valdés también afirmó que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben adoptar acciones drásticas contra los responsables de interceptaciones telefónicas.
“Nosotros deploramos que estas malas prácticas se sigan dando en el Perú”, expresó en conferencia de prensa ofrecida tras la sesión del Consejo de Ministros.
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