El excongresista Oswaldo Luizar, expresidente de la comisión investigadora que vio el espionaje telefónico de Business Track (BTR) en el 2008, cuestionó que la actual administración del Parlamento no haya remitido al Ministerio Público y al Poder Judicial el informe de su entonces grupo de trabajo que compromete a Alex Kouri con una red de "chuponeadores".
"La comisión que presidí halló indicios de responsabilidad en Alex Kouri,entonces presidente de la región Callao, en su gerente de Seguridad Carlos Lizárraga, en el delito de interceptación telefónica, y este informe fue aprobado por el Congreso de la República (en la anterior gestión)", expresó en diálogo con RPP Noticias.
Afirmó que existen audios de la interceptación al expresidente regional del Callao Rogelio Canches. "Ya no es una suposición", anotó.
Además dio cuenta de los vínculos de Carlos Lizárraga con Elías Ponce Feijoo, actualmente condenado por "chuponeo" en el caso BTR.
Recordó también que el Gobierno Regional del Callao, cuando Kouri Bumachar estaba al frente, reconoció que contrató los servicios de BTR.
"No lo estoy diciendo yo, lo dijeron ellos mismos y nos entregaron la documentación a requerimiento de la comisión, cuando teníamos los elementos indiciarios de ello", aseveró.
Dijo que existen facturas pagadas y contratos firmados. Sobre esto advirtió que existió irregularidad. "La comisión no solo concluye delito de interceptación telefónica, sino también delito de peculado, porque no se ha guardado el procedimiento regular para la contratación de una empresa por un monto superior a los 92 mil soles en el año 2008", manifestó.
Explicó que lo correcto hubiese sido convocar a una licitación, cosa que se hizo luego que BTR brindara el supuesto servicio.
Luizar reiteró que todos esos "indicios" vinculan a Alex Kouri con una red de "chuponeo". En esa línea sostuvo que "la actual administración del Congreso tiene que responder" por qué el revelador informe no llegó a instancia judicial pese a que -dijo- "quedó habilitado el trámite formal" para ser remitido al Ministerio Público y el Poder Judicial.
"No es solo un tema de Rómulo León, de Alberto Químper, del Gobierno Regional del Callao, sino temas que involucran a la Contraloría y al propio Congreso. Uno dice que hay muchos interesados en que el informe no llegue a instancia judicial", concluyó.
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