LIMA -
La interceptación telefónica por orden judicial de la que fue objeto el legislador Luis Galarreta -en el caso del periodista Rudy Palma- traerá serias consecuencias.
Y es que los congresistas del PPC presentarán una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Wilver Calle, y denuncias penales contra el fiscal de crimen organizado, William Montes, y el juez supraprovincial Abel Pulido Alvarado.
Ellos son acusados de permitir y ordenar la interceptación del legislador pepecista a pesar de que goza de inmunidad parlamentaria.
Galarreta fue objeto de interceptación desde el 28 al 30 de abril.
PIDE EXPLICACIONES. En conferencia de prensa, Galarreta calificó el hecho de "ilegal" por el simple hecho de aparecer entre los números a quien Palma llamaba frecuentemente, lo cual "no es una motivación".
"Denuncio y pido pronta respuesta al presidente del Poder Judicial, César San Martín, al Fiscal de la Nación y al presidente del Consejo de Ministros, pues he tenido información de que ha habido presiones para que no sea un caso individual sino un tema de crimen organizado", indicó. Asimismo, alertó de lo peligroso del tema pues otros periodistas también están siendo interceptados.
ENSAYAN RESPUESTA. Entre tanto, el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, señaló que la interceptación fue iniciativa de la 1 Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada.
En Canal N, precisó que la PNP dio un listado de los últimos números con que se comunicó Palma y tras ello "se procedió a interceptar estas líneas" sin saber quiénes eran sus titulares.
"Al ver que ninguna de estas líneas era relevante para la investigación, se cancelaron a las 48 horas las interceptaciones. Así se comunicó al juez y éste las desactivó", aseguró.
JUEZ Y FISCAL A LA OCMA. El congresista del PPC Juan Carlos Eguren dejó entrever que habría existido una "presión" contra el fiscal y el juez que ordenaron la interceptación a Luis Galarreta.
Y quizá no está lejos de la realidad ya que tanto el fiscal William Montes y el juez Abel Pulido son magistrados provisionales, hecho que podría hacerlos susceptibles de presiones.
Montes fue designado fiscal en el 2002 y recién en el 2011 fue nombrado adjunto en crimen organizado.
Actualmente está en el despacho de la Primera Fiscalía de Crimen Organizado en calidad de provisional.
Por su parte, el juez Pulido Alvarado no tiene mayor experiencia en resolver casos sobre crimen organizado ya que anteriormente fue juez de paz letrado en Lima Norte.
Pulido está encargado provisionalmente del despacho del Tercer Juzgado Supraprovincial desde hace 2 meses cuando su titular, Manuel Loyola, fue designado juez exclusivo del caso "Artemio".
Entre tanto, la Oficina de Control de la Magistratura abrió una investigación preliminar contra el juez y el fiscal para establecer si cometieron irregularidades al realizar la interceptación.
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