MARIO MEJÍA HUARACA
Luego de una exposición de casi cinco horas, el fiscal Tony García Cano finalizó ayer su acusación oral contra los ocho procesados por el Caso BTR. Tras sostener que a lo largo del proceso se han probado los tres delitos imputados, pidió al tribunal una condena de entre diez y ocho años y medio de cárcel.
Para Manuel Ponce Feijoo, Carlos Tomasio y Giselle Giannotti solicitó la pena más alta por ser los principales implicados.
En su requisitoria de ayer el representante del Ministerio Público sostuvo que se han acreditado los delitos de asociación ilícita y violación de la correspondencia, así como la responsabilidad penal de los acusados.
24 MIL ARCHIVOS Y MILES DE CORREOS
Además, reveló que, según un perito que ayudó en la investigación, “se han analizado más de 24 mil archivos correspondientes a interceptaciones telefónicas y miles de correos electrónicos”. De esta manera finalizó su requisitoria oral que empezó el último jueves. En esa primera sesión dijo que se había probado el delito de interceptación telefónica.
Además, reveló que, según un perito que ayudó en la investigación, “se han analizado más de 24 mil archivos correspondientes a interceptaciones telefónicas y miles de correos electrónicos”. De esta manera finalizó su requisitoria oral que empezó el último jueves. En esa primera sesión dijo que se había probado el delito de interceptación telefónica.
Tras indicar que este proceso es un caso emblemático de gran interés para la opinión pública, García dijo que la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel tiene la responsabilidad histórica de emitir una sentencia adecuada. Precisó que la sistemática y masiva violación del secreto de las comunicaciones puede tener nefasta consecuencia en un Estado de derecho.
Sobre la pena pedida por la fiscalía, los abogados de la defensa indican que cuando hay varios delitos, la pena que se debe imponer es la más alta de todas. En este caso, según ellos, se debería pedir seis años, que es la pena para asociación ilícita. El fiscal García argumentó que pidió diez años de cárcel en virtud de que hay una concurrencia real de tres delitos y que en ese caso se pueden sumar las penas.
Consultado sobre el tema, el abogado penalista Mario Amoretti indicó que, efectivamente, desde el 2006 el Código Penal señala que en el caso de que exista concurrencia real de delitos se pueden sumar las penas. Dijo que eso se aplicó en la primera sentencia de Vladimiro Montesinos.
En la exposición de ayer, el fiscal puso énfasis en la corroboración del delito de asociación ilícita. Dijo que se ha acreditado que los procesados formaron una organización destinada a violar el secreto de las comunicaciones para obtener información de manera ilegal, la cual fue usada para obtener beneficios económicos.
Expresó que cada encausado cumplía un rol en la estructura de la organización que funcionaba con la fachada de BTR. Así, por ejemplo, detalló que Ponce Feijoo era la cabeza de esa sociedad y quien reclutaba al personal. Fernández Virhuez contactaba a los técnicos en telefonía que se encargaban de ‘chuponear’ y era quien entregaba el material interceptado a Ponce y Tomasio. Estos dos se encuentran con arresto domiciliario; y el resto, con comparecencia.
En ese rol de tareas, según la fiscalía, Jesús Tirado era el encargado de instalar en las computadoras de BTR el software que permitía la interceptación telefónica. También convertía archivos que contenían audios de ‘chuponeo’ en otros formatos para poder ser transcritos.
De Tomasio dice que era el responsable de la logística y de proveer los equipos necesarios para el hackeo y el ‘chuponeo’. Asimismo, le atribuye haber entregado direcciones de correos electrónicos con sus respectivas claves para extraer sus contenidos.
A Giannotti se le atribuye un rol preponderante en la organización. Según el fiscal, era la gerenta de ventas de BTR y la encargada de conseguir los clientes.
La defensa de la citada analista sostiene que la acusación del fiscal se ha basado principalmente en lo que se ha encontrado en sus CD incautados, pero estos están cuestionados porque la cantidad que se incautó difiere de la que está en el expediente. Agrega que la acusación no se ha basado en los CPU, ni en la copia espejo porque estos fueron desestimados por las supuestas manipulaciones.
El lunes comenzarán los alegatos finales de los procesados y se calcula que en menos de dos semanas la sala dictará la sentencia contra los presuntos ‘chuponeadores’. Sobre quienes contrataron sus servicios, no se ha podido conocer sus identidades en este largo proceso.
ANTECEDENTES
El 5 de octubre del 2008 Fernando Rospigliosi presentó en el programa “Cuarto poder”, del Canal 4, cuatro audios en los que Alberto Quimper y Rómulo León negocian, de manera irregular, la adjudicación de cinco lotes petroleros a la empresa Discover Petroleum.
El 5 de octubre del 2008 Fernando Rospigliosi presentó en el programa “Cuarto poder”, del Canal 4, cuatro audios en los que Alberto Quimper y Rómulo León negocian, de manera irregular, la adjudicación de cinco lotes petroleros a la empresa Discover Petroleum.
El hecho destapa a la empresa de seguridad Business Track S.A.C. (BTR) como la encargada de realizar los ‘chuponeos’ a solicitud de diferentes entidades. Esta empresa era dirigida por Elías Manuel Ponce Feijoo, ex oficial de la Marina. En enero del 2009 se inician las investigaciones y proceso judicial del llamado Caso BTR.
La policía incautó decenas de CPU y discos duros, así como cientos de CD, USB y disquet que contenían correos electrónicos y audios. El material lo tiene la fiscalía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario