Los legisladores oficialistas Celia Anicama y Amado Romero podrían salvarse del antejuicio político que los llevaría al desafuero
Hasta la fecha, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso no recibe formalmente las denuncias para investigarlos por los delitos penales en los que están involucrados. “No podemos actuar de oficio, el Reglamento del Congreso nos lo impide”, aseguró Víctor Andrés García Belaunde, presidente de dicha subcomisión.
Similar argumento dio Humberto Lay –titular de la Comisión de Ética del Parlamento– para excusar a su grupo de trabajo de no haber presentado formalmente una denuncia.
“El reglamento dice que solo tenemos que derivar todo lo investigado, pero no denunciar. Eso hicimos. La acusación la puede hacer una bancada o un legislador”, añadió.
LOS CASOS
Es preciso recordar que investigaciones periodísticas de este Diario revelaron que Celia Anicama, propietaria de Cable Orión, estaba involucrada en el hurto de señales de cable de empresas privadas para retransmitirlas y venderlas en paquetes de suscripción a los pobladores de Pisco.
Es preciso recordar que investigaciones periodísticas de este Diario revelaron que Celia Anicama, propietaria de Cable Orión, estaba involucrada en el hurto de señales de cable de empresas privadas para retransmitirlas y venderlas en paquetes de suscripción a los pobladores de Pisco.
En el caso del legislador “Amado Romero2:http://elcomercio.pe/tag/270944/amado-romero, este intentó usar su labor legislativa en beneficio de sus intereses privados y también se valió de testaferros para registrar concesiones mineras en Madre de Dios.
Las bancadas parlamentarias ven con indiferencia estos casos, a diferencia de lo ocurrido con Omar Chehade, quien fue denunciado por 30 legisladores por una denuncia de tráfico de influencias. “Nos olvidamos, se nos pasó”, declaró Rolando Reátegui, vocero de Fuerza 2011.
MÁS DATOS
Si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales califica la denuncia presentada contra un parlamentario, a este se le inicia un antejuicio político. Este proceso puede concluir con el levantamiento de la inmunidad y separación del Congreso para que sea juzgado en el Poder Judicial.
Si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales califica la denuncia presentada contra un parlamentario, a este se le inicia un antejuicio político. Este proceso puede concluir con el levantamiento de la inmunidad y separación del Congreso para que sea juzgado en el Poder Judicial.
La subcomisión tiene que presentar un informe final con las conclusiones de su investigación. Luego, debe ser votado por el pleno del Congreso. Los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente.
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