Buenos Aires (AP). El gobierno de Argentina emplazó el sábado a uno de sus principales detractores en la prensa, el Grupo Clarín, a que venda la mayoría de sus estaciones emisoras, y afirmó que el 7 de diciembre marcará el día en que los monopolios de medios de comunicación ya no podrán estar por encima de la ley.
El Grupo Clarín, dueño de 240 sistemas de cable, 10 estaciones de radio y cuatro canales de televisión además de su diario insignia, recurrió las cláusulas antimonopolio de la ley de medios por considerarlas inconstitucionales. La ley de medios fue aprobada en 2009 y limita el número de licencias que puede poseer una empresa.
Clarín, detractor implacable de la presidenta Cristina Fernández, señaló que muchos juristas apoyan la posición del grupo de medios, de que incluso si el 7 de diciembre expirara la medida cautelar a su favor tendría un año más para activar un plan de desinversión, mientras espera recibir un posible fallo favorable.
En un mensaje televisivo (ver aquí el video) que comenzó a transmitirse durante los partidos sabatinos de fútbol, que atraen gran auditorio, el gobierno llamó la fecha límite como “7D” y señaló que ese día llegará la “diversidad” y la “democracia” a los medios de comunicación en Argentina.
LA RESPUESTA DE CLARÍN
El medio respondió de inmediato con su propio anuncio, en el que acusó al gobierno de intentar una maniobra ilegal y señaló que la propia ley de medios establece un plazo de un año a partir del 7 de diciembre para resolver la demanda de inconstitucionalidad.
“¿Qué se busca en este relato oficial?”, preguntó Clarín en el anuncio. “¿Preparar el terreno para otra cosa? ¿Terminar con el estado de derecho en la Argentina?”
En la edición de Clarín en Internet, el grupo sugirió que el gobierno busca atacar a quien desafía la doctrina oficial, y la atribuyó a la amplia cobertura que el grupo dio la semana pasada a las protestas antigubernamentales más grandes que se hayan efectuado en años en Argentina.
“Esos espacios de la publicidad del Estado volvieron a utilizarse para hostigar a los que no difunden el “relato oficial”“”, denunció el medio.
MÁS CRÍTICAS AL ESTADO
Hubo condenas casi inmediatas de parte de Julio Muñoz, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien dijo que ese organismo sigue atentamente la situación y la discutirá a profundidad el mes próximo, durante su asamblea anual en Sao Paulo.
“Este es un ataque contra los principios básicos de libertad y democracia”, consideró Muñoz. “Es la misma vía que ha seguido (el presidente Hugo) Chávez en Venezuela, al cerrar los medios que critican al gobierno”.
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domingo, 23 de septiembre de 2012
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