Comunidades indígenas insisten en derecho a veto y no se ponen de acuerdo.
CARLOS NAVEA P.
Ocho meses después de haber sido aprobada la Ley de Consulta Previa por el Congreso, y dos días después de vencido el segundo plazo dado por el Ejecutivo para su debida reglamentación, la normativa para adecuar esta ley aún no existe, debido a la insistencia de diversas comunidades a que se incluya el derecho a veto.
Si bien el pasado martes 21, apenas 24 horas antes de la fecha límite, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, afirmara que el gobierno respetará dicho plazo y que el diálogo con los representantes de las comunidades originarias continuará para recoger sus planteamientos, el reglamento no está. “El plazo se extendió, pero saldrá antes de marzo”, señaló el departamento de prensa del Ministerio de Cultura.
Lo cierto es que los principales gremios indígenas se encuentran enfrascados en que el Estado está “pasando por encima de sus derechos”, por lo que exigen la modificación de la Ley de Consulta Previa –que durante muchos años promovieron–, asegurando que un reglamento “no podrá corregir una norma con artículos inconstitucionales”.
CARLOS NAVEA P.
Ocho meses después de haber sido aprobada la Ley de Consulta Previa por el Congreso, y dos días después de vencido el segundo plazo dado por el Ejecutivo para su debida reglamentación, la normativa para adecuar esta ley aún no existe, debido a la insistencia de diversas comunidades a que se incluya el derecho a veto.
Si bien el pasado martes 21, apenas 24 horas antes de la fecha límite, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, afirmara que el gobierno respetará dicho plazo y que el diálogo con los representantes de las comunidades originarias continuará para recoger sus planteamientos, el reglamento no está. “El plazo se extendió, pero saldrá antes de marzo”, señaló el departamento de prensa del Ministerio de Cultura.
Lo cierto es que los principales gremios indígenas se encuentran enfrascados en que el Estado está “pasando por encima de sus derechos”, por lo que exigen la modificación de la Ley de Consulta Previa –que durante muchos años promovieron–, asegurando que un reglamento “no podrá corregir una norma con artículos inconstitucionales”.
Según se constató, de las seis organizaciones nacionales convocadas por el gobierno para discutir la propuesta del reglamento, solo dos (Conap y CCP) presentaron sus propuestas de acuerdo con el cronograma oficial. El resto de organizaciones, la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Aidesep, Conacami y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), se han cerrado en exigir el derecho a veto.
El dato
Alberto Pizango (Aidesep) pidió que el gobierno respete el espíritu del Convenio 169 con la Ley de Consulta Previa, que señala que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación sobre lo que pueda afectar sus territorios.
Alberto Pizango (Aidesep) pidió que el gobierno respete el espíritu del Convenio 169 con la Ley de Consulta Previa, que señala que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación sobre lo que pueda afectar sus territorios.
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