EDITORIALES DEL COMERCIO..................

Inaceptable desafío al orden constitucional

Conforme avanzan las tratativas de diálogo sobre la viabilidad del megaproyecto minero Conga, se hace más patente la actitud radical de algunos dirigentes regionales que, de modo absurdo y desafiante, hacen todo lo posible por boicotear el diálogo al que se comprometieron hace pocas semanas.

En este complejo contexto, corresponde al Gobierno redoblar esfuerzos para compatibilizar la inversión minera con la responsabilidad ambiental y comunitaria en un clima de paz social que prevenga y mitigue conflictos. Ahora que recién se están poniendo y revisando las bases de la política del agua y oro, el país no puede ser jaqueado por unos cuantos irresponsables que quieren imponer sus agendas intransigentes.

Un caso que ya raya en lo patético es el del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, cuyas marchas y contramarchas deben ser consideradas por los ciudadanos de su jurisdicción al momento de evaluar su controversial gestión. Su más reciente ordenanza, que declara inviable la ejecución del proyecto minero, porque “podría ocasionar daños irreversibles en los ecosistemas frágiles, generando perjuicios económicos y sociales de magnitudes incalculables”, resulta totalmente inaceptable.

¿Cómo es posible que, por sí y ante sí, una autoridad regional pretenda sobrepasar tan irresponsablemente los límites de su ámbito de funciones y atribuciones? En un Estado unitario como el nuestro y según la Carta Magna vigente, y como lo ha ratificado el Tribunal Constitucional, ningún gobierno regional puede pronunciarse sobre temas de interés nacional o de minería.

A mayor abundamiento, en los últimos años, el TC declaró la inconstitucionalidad de ordenanzas regionales en Huánuco, Puno y Cusco que arbitrariamente disponían el cultivo libre de la coca o prohibían la actividad minera; y tendría que actuar de modo consecuente para desestimar, de monto claro y tajante, la ordenanza de Santos.

Otro tipo de manejo, más fino en lo político, se necesita para continuar convocando a las autoridades cajamarquinas legítimas y representativas que asuman su responsabilidad y crean en el diálogo. La reunión del miércoles pasado, en la que se empezó a encaminar las condiciones del peritaje internacional, es un buen paso, pero evidentemente queda mucho trecho por recorrer.

Paralelamente, debe trabajarse en abrir la convocatoria a representantes gremiales y de la sociedad civil, pero diferenciándolos de los dirigentes de seudofrentes que pretenden arrogarse, de modo excluyente y recusable, la representación de toda la región. Más aun, algunos anuncian otro paro indefinido, ante lo cual el Ejecutivo tiene la obligación de considerar todas las opciones legales y democráticas para garantizar el principio de autoridad, el orden y la tranquilidad, y evitar desmanes violentistas como los que se produjeron en el paro previo.

El país demanda que se superen los entrampamientos y que se siga apostando por el diálogo con los interlocutores legítimos, sin caer en las provocaciones de algunos grupos cuya agenda sombría y ajena, que pretende el inmovilismo y la confrontación, queda cada vez más en evidencia.

El Estado Peruano ante la CIDH y las ONG

La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado Peruano, por no procesar en el fuero civil a un grupo de los comandos de la operación militar Chavín de Huántar es, por decir lo menos, apresurada y presenta otras deficiencias que la harían inadmisible por la Corte de San José.

Según el informe de la CIDH, el Estado Peruano no habría cumplido con ejecutar las recomendaciones que dio para llegar a un acuerdo de solución en la denuncia, promovida por la ONG Aprodeh, sobre la supuesta violación de derechos de tres terroristas que tomaron por asalto la residencia japonesa. Se indica también que se habría violado el debido proceso al permitir que los comandos sean juzgados por el fuero militar y no por el civil.

Ante esto compartimos el parecer del ex juez ad hoc de la corte Fernando Vidal, quien ha dicho que tal denuncia no debe ser admitida por la corte, pues esta solo adquiere competencia cuando la jurisdicción interna está agotada. Luego, el proceso en el fuero militar es una decisión legal y legítima del Perú, pues fue producto de una contienda de competencia resuelta por la Corte Suprema con pleno ejercicio de autonomía en un Estado democrático.

En tal coyuntura, la respuesta de las actuales autoridades peruanas ha sido firme y oportuna ante el pedido de la CIDH, pero también para solicitar la reforma del sistema interamericano, el que, según el ex canciller José Antonio García Belaunde, está sujeto a “extrañas influencias de algunas organizaciones”. Tal denuncia es seria y grave, y debe llevarnos a reflexionar sobre el sospechoso interés de algunas ONG que, utilizando el escudo de los derechos humanos, se inclinan más a defender a terroristas y a denostar a algunos estados democráticos.

No se trata de propugnar una cacería de brujas contra estas entidades, sino de exigirles la máxima coherencia, amplitud de criterio y transparencia, empezando por detallar sus fuentes de financiamiento y sus colaboradores. Tampoco de abandonar ni derruir el sistema interamericano de DD.HH., que en tiempos de dictadura acogió y denunció los excesos del poder. Menos de introducir diferencias de grado en el ejercicio y respeto de los derechos humanos de todas las personas. De lo que se trata, finalmente, es de mejorar los procedimientos y la composición de la CIDH y de la Corte de San José para descartar cualquier sesgo y reforzar su imparcialidad, transparencia y autoridad.

Internamente, sin embargo, debemos también ser autocríticos y reconocer que en los últimos años ha habido una reprensible a cadena de descoordinaciones y dilaciones dentro del propio Estado Peruano para responder ante los requerimientos de la CIDH y responder a la Corte de San José. Grave responsabilidad corresponde al Ejecutivo pero asimismo al Poder Judicial, que por abultada carga procesal o indolencia, no actúa con celeridad en los procesos que involucran a algunos militares en graves excesos que, de comprobarse, tienen que ser severamente sancionados.

Finalmente, el a veces acalorado debate de estos días evidencia que las heridas de la barbarie terrorista aún no terminan de cerrarse, y por ello deben responder varias entidades estatales que, por un lado, dan un trato bastante afable a algunos condenados por terrorismo, incluso con permisos para viajar al extranjero, pero por el otro lado actúan con extrema severidad con quienes defendieron valientemente al país y contribuyeron a su viabilidad y gobernabilidad democrática.

El Gobierno tiene que reflexionar sobre todas estas consideraciones para mantener su postura firme como un Estado democrático que respeta la ley y el sistema interamericano, pero que también exige respeto, por ejemplo en su decisión de cuestionar enfáticamente la controvertida demanda de la CIDH en los términos en que ha sido conocida.