Los rostros de las protestas: frentes de defensa bajo la lupa
El clima social sigue caliente y los conflictos embalsados en las regiones ya empiezan a sentirse con nuevos anuncios de marchas, bloqueos de vías y paros que auguran un panorama convulsionado en las próximas semanas. En todos los casos, los llamados frentes de defensa están presentes como promotores de los reclamos de la población disconforme.
Y aunque la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no los considera interlocutores válidos en las mesas de diálogo (salvo que lo solicite el gobierno regional de la jurisdicción del conflicto), los dirigentes de los frentes de defensa cobran protagonismo mediático con sus acciones y, muchas veces, acaban convirtiéndose en actores claves para la resolución de los conflictos.
¿Pero qué son, quiénes integran y dirigen los frentes de defensa y qué representatividad tienen en sus respectivas jurisdicciones?
Una primera mirada a ellos se encuentra en el mapa mensual de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo, que desde el 2004 sigue y documenta –por medio de sus representantes en las regiones– todas las etapas y actores de los conflictos. Allí aparecen los frentes de defensa como organizaciones sociales con presencia intermitente, una agenda que gira en torno a un reclamo puntual y dirigentes con liderazgo local o regional pasajero (la mayoría que ha intentado luego postular a cargos públicos no ha tenido éxito).
Un claro ejemplo de ello es lo sucedido con el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, de Walter Aduviri, que luego de concluidas las protestas en contra de la actividad minera, las alianzas y relaciones entre sus integrantes se quebraron. Desde el 21 de octubre pasado, dicho frente lo encabeza Hermes Cauna Morales, quien tiene ahora una agenda aimara con la que intenta movilizar a las comunidades de la zona sur, pero su capacidad de convocatoria es aún limitada.
QUIEREN INSTALAR SU AGENDA
Cauna no es el único que está intentando ganar terreno y apoyo social para instalar sus reclamos en la agenda del Poder Ejecutivo. En el cuadro adjunto a este artículo identificamos a los dirigentes de los frentes de defensa que participan en cuatro conflictos socioambientales generados por proyectos mineros y energéticos que arrastran varios años y pueden hacer crisis en cualquier momento: los casos Quellaveco (Moquegua), Toquepala (Tacna), Majes Sihuas II (Cusco-Arequipa) y la hidroeléctrica de Inambari (Cusco-Puno-Madre de Dios).
Cauna no es el único que está intentando ganar terreno y apoyo social para instalar sus reclamos en la agenda del Poder Ejecutivo. En el cuadro adjunto a este artículo identificamos a los dirigentes de los frentes de defensa que participan en cuatro conflictos socioambientales generados por proyectos mineros y energéticos que arrastran varios años y pueden hacer crisis en cualquier momento: los casos Quellaveco (Moquegua), Toquepala (Tacna), Majes Sihuas II (Cusco-Arequipa) y la hidroeléctrica de Inambari (Cusco-Puno-Madre de Dios).
El sociólogo Víctor Caballero, jefe la Unidad de Prevención de Conflictos Sociales de la PCM, sostiene que dichos casos “son monitoreados y tienen mesas de diálogo creadas a pedido de los gobiernos regionales involucrados”, pero reconoce que desde su oficina en Lima la capacidad de su área es insuficiente (solo cuenta con cinco personas) y espera que el próximo año se puedan asignar por lo menos ocho coordinadores permanentes de la PCM en las regiones con más conflictos, para fortalecer los canales de diálogo.
SIN ARRASTRE NACIONAL
Durante los días del paro en Cajamarca contra el proyecto Conga, dos organizaciones que se atribuyen el poder de aglutinar a los frentes de defensa de 24 regiones hicieron convocatorias a nuevas movilizaciones: la Unión de Frentes Regionales del Perú (Ufrep), de Alfonzo Valderrama Gonzales, un docente jubilado y dirigente del Movimiento Nueva Izquierda; y la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales del Perú (Conafrep), de Efraín Yépez Concha, un cusqueño procesado por los cargos contra la tranquilidad pública y apología del delito, debido a las violentas protestas que protagonizara en el 2008 contra la ley que permitía inversiones privadas en zonas cercanas a los sitios arqueológicos de la Ciudad Imperial. Sin embargo, más allá de los pronunciamientos y discursos que difunden en sus páginas web para alentar las protestas en el interior del país, estas organizaciones (la primera con sede en Lima y la segunda en Cusco) registran muy poca actividad en las regiones donde los frentes de defensa locales responden a su propia dinámica.
Durante los días del paro en Cajamarca contra el proyecto Conga, dos organizaciones que se atribuyen el poder de aglutinar a los frentes de defensa de 24 regiones hicieron convocatorias a nuevas movilizaciones: la Unión de Frentes Regionales del Perú (Ufrep), de Alfonzo Valderrama Gonzales, un docente jubilado y dirigente del Movimiento Nueva Izquierda; y la Coordinadora Nacional de Frentes Regionales del Perú (Conafrep), de Efraín Yépez Concha, un cusqueño procesado por los cargos contra la tranquilidad pública y apología del delito, debido a las violentas protestas que protagonizara en el 2008 contra la ley que permitía inversiones privadas en zonas cercanas a los sitios arqueológicos de la Ciudad Imperial. Sin embargo, más allá de los pronunciamientos y discursos que difunden en sus páginas web para alentar las protestas en el interior del país, estas organizaciones (la primera con sede en Lima y la segunda en Cusco) registran muy poca actividad en las regiones donde los frentes de defensa locales responden a su propia dinámica.
Sociólogos como Carlos Meléndez, del Instituto de Estudios Peruanos, y Fernando Tuesta Soldevilla, actual director del Grupo de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señalan que ante la ausencia o débil presencia de los partidos políticos, los frentes de defensa cobran protagonismo para canalizar demandas. Aunque desde algunos sectores empresariales ya se advierte una “conspiración antiminera” iniciada en Cajamarca, lo cierto es que más que organizaciones sociales con poder y alcance nacional con esta agenda, hay operadores políticos con discursos beligerantes pero aislados.
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