Presidente del Poder Judicial reclama atención para sus proyectos de ley.
César Romero C.
El presidente del Poder Judicial, César San Martín, desborda entusiasmo y confianza en sus proyectos de reforma administrativa y legal del sistema de justicia, que permanecen estancados en el Congreso de la República.
Han pasado 14 meses desde que asumió la presidencia del Poder Judicial. ¿Cómo diría que va su gestión?
Bien. Tenemos un aumento progresivo del 7% de resolución de causas, a nivel nacional. En la Salas Penales tenemos un incremento del 30% y en la Corte Suprema, en general, más del 15 %.
¿Qué resultados tiene la aplicación del nuevo Código Procesal Penal?
Este año, en junio, entra en vigencia en Huánuco, Pasco, El Santa y Áncash. Tenemos nuevos diseños de trabajo y se está implementando un sistema de monitoreo y medición de desempeño, para corregir errores.
El próximo año comienza en Lima.
La Corte de Lima ya está trabajando el tema. Lima necesita un diseño específico. En mayo tendremos que reunirnos con los ministros de Economía e Interior y el Fiscal de la Nación, para fijar el presupuesto de inversión.
¿Ya sabe cuánto dinero se va a necesitar?
No. Donde ya tenemos un presupuesto, de 23.5 millones de soles, es para el Código Procesal Laboral en Lima, con un nuevo diseño organizativo.
¿Cómo va la descentralización del Poder Judicial?
Se han descentralizado seis distritos judiciales, el 30% del presupuesto institucional. En octubre, se van a descentralizar otros seis distritos judiciales.
¿Todos estos cambios, en qué van a beneficiar a la población?
Cuando uno quiere robustecer la justicia, tiene que comenzar generando planes de reforma administrativa, de desarrollo tecnológico, planes pilotos y reordenar todos sus cuadros gerenciales, eso es lo que se ha hecho. El año pasado, por primera vez en la historia, se resolvieron más causas de las que ingresaron, 100 mil más. Fácil vamos a cumplir el ofrecimiento que hice de resolver 300 mil expedientes más en el año.
¿Qué falta?
Nos faltan las notificaciones electrónicas y el expediente electrónico, para lo que necesitamos un plano tecnológico, que ya tenemos, y unificar proceso y procedimientos. En junio, empezamos un sistema propio de capacitación de jueces.
El periodo no le va a alcanzar para todo lo que se propone.
Es suficiente para hacer diseños, estructuras y generar líneas de cadenas de trabajo. El PJ es una corporación, no un individuo, se va a dejar muchas cosas encaminadas. Se pudo hacer más, pero se ha hecho lo que se pudo.
Hay suficiente cohesión en la Suprema para que otro continúe esta labor.
Estos proyectos tienen la aprobación de la Corte Suprema y cuando ya esté caliente el proceso de elección, expondré a los que pretendan la presidencia lo que se tiene, lo que se puede hacer y lo que debe hacerse, para generar mecanismos que permitan continuar y mejorar.
APOYO LEGISLATIVO
¿Y tiene el apoyo del Ejecutivo, el Legislativo para sus proyectos?
Mi gran batalla en el plano legal son los proyectos que están en el Congreso: los jueces contralores para fortalecer el trabajo de la OCMA, la Corte Penal Nacional para ver los casos de trascendencia, el mecanismo de aplicación de medidas urgentes y rápidas en casos de corrupción y desgobierno masivo de una corte.
¿Va a insistir con el tema de las medidas cautelares archivado en el Congreso?
El 15 de marzo, que tengo la primera Sala Plena, luego de las vacaciones judiciales, voy a presentar tres proyectos: la reforma de las medidas cautelares en sede constitucional, las competencias terroritoriales en temas de Amparo, el cambio de la ley contencioso administrativa y la revisión judicial del procedimiento coactivo.
¿Qué sucede con las medidas cautelares?
Es un escándalo que cuando una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio impone una sanción, basta que el afectado interponga una demanda para que se suspenda esa medida; eso es peligrosísimo, porque viola dos principios: la presunción de legitimidad de la acción pública y la ejecución de las decisiones administrativas.
¿Qué pasa en el Congreso?
Se están demorando en exceso. Vamos a reforzar mis puntos de vista, voy a conversar con el presidente del Congreso, con el titular de la Comisión de Justicia, para que estos proyectos sean discutidos a la brevedad posible.
¿Qué le pediría al Congreso?
Que los pongan en discusión y que se inicie el debate, porque, mire usted, estoy un año en el cargo y nada. El Poder Judicial ya cumplió con su parte, ahora le toca al Congreso, que debatan el tema.
El presidente Ollanta Humala dice que los jueces deben escuchar a la calle, ¿qué dice usted?
El juez no puede ser ajeno al sentir de la colectividad y la opinión pública, eso no significa que debe seguir cualquier opinión mayoritaria, sino que desde el derecho y con la ley en la mano debe procurar interpretaciones y decisiones que sean compatibles con un espíritu de justicia social que tenga como eje la Constitución. Esa es la única garantía para todos, un juez debe ser independiente. La sociedad debe entender que el Poder Judicial es un contrapoder frente a los demás poderes públicos y fácticos.
Hay toda una controversia por un poder de representación del Banco de Crédito.
Un tema básico, el que otorga el poder es el encargado de revocarlo. Este poder, de los muchos que me entregaron como abogado, es un poder ómnibus, entregado a muchos abogados, es un poder para pleitos, no para representar a la empresa. Eso fue el 2003, el 2004 ingresé al Poder Judicial y renuncié al estudio, que comunicó esa decisión a todos los clientes. Los que denuncian esto no dicen cuál es la norma que se ha afectado.
¿Hay un interés en atacarlo?
No me preocupa, como funcionario público creo que esto es parte del trabajo. Mi pensamiento está ahora en trabajar, porque el tiempo me gana; no tengo tiempo para estos temas y me someto a cualquier investigación que el órgano respectivo considere.
¿Qué viene ahora con el caso de Artemio?
Este señor tiene muchas causas. La más importante es la que está en el Tercer juzgado, proveniente de la operación 'Eclipse' y ahora por 'Crepúsculo'. El juez que ve estos casos tendrá dedicación exclusiva y de acuerdo con las normas, la fiscalía y la procuraduría verán si plantean acumular uno, dos o tres casos. La causa se verá con todas las garantías y con rapidez razonable.
¿El juicio a Chavín de Huántar?
El tribunal es a dedicación exclusiva; muy probablemente esta cuasa termine en junio, con todos los pormenores del caso. Le hemos dado todos los recursos para que el juicio no se quiebre y trabaje con todas las garantías y el tribunal no ha sido cuestionado por nadie.
¿Cuál es su opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Es inconstitucional salir de ella. La Constitución garantiza que la defensa de los derechos fundamentales tiene una jurisdicción internacional. Pero, la Comisión puede ser objeto de reformas, desde dentro, nunca desde fuera. Se pueden cuestionar las resoluciones, lo que no significa rechazar el sistema. Hay que corregir errores en el tratamiento del caso Chavín de Huántar y Feria Tinta. No están tomando en cuenta que el Perú vive en democracia, no hay una dictadura.
El juicio BTR está por terminar, pero falta Petroaudios.
Hemos cuidado que ese juicio se desarrolle sin presiones, nada que perjudique la aplicación de la ley, la sentencia que los jueces emitan podrá ser impugnada y puede ser criticada por los ciudadanos, por la prensa. El otro caso está en la fiscalía.
Los centros juveniles se van del Poder Judicial.
Esta en debate, hay mucho que afinar, la transferencia debe ser para mejorar, sin perturbar a los adolescentes y que se garantice el derecho de los trabajadores. La decisión final corresponde al Congreso, porque por ley nos los entregaron, por ley debemos entregarlos.
Nuevamente, lo que quiere hacer el Poder Judicial depende del Congreso.
Es la democracia. El Poder Judicial, al igual que el Legislativo tiene iniciativa legislativa pero la última palabra la tiene el Congreso soberano.
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