La Comisión de Ética Parlamentaria en sesión extraordinaria acordó iniciar investigación contra tres congresistas y declaró improcedentes las denuncias contra otros dos.
La más resaltante es la investigación contra el legislador Javier Diez Canseco sobre la presentación de un proyecto de ley (Nº 564-2011) que supuestamente beneficiaría a un familiar cercano.
No obstante que los congresistas Sergio Tejada (NGP) y Jaime Valencia (NGP) dijeron que sobre el tema, de canje de acciones de inversión por acciones comunes, existen 11 proyectos que buscan beneficiar a muchos peruanos, se acordó por mayoría iniciar una investigación a fin de que el propio legislador explique si existe o no conflicto de intereses en su propuesta.
El presidente de la comisión Humberto Lay Sun, dijo a RPP Noticias, que se tendrá que determinar si el parlamentario al presentar el proyecto hizo "explícito" que su hija y su esposa tenían acciones en la empresa Backus porque eso manda el Código de Ética.
"Cuando un congresista presenta un proyecto tiene que hacer explícitos sus intereses o sus relaciones en forma personal o familiar. No decimos que sea culpable pero hay cosas que quedan en duda", refirió.
Asimismo, por mayoría se acordó iniciar investigación por supuesta infracción del Código de Ética Parlamentaria, a los congresistas Yehude Simon (APGC) y Virgilio Acuña (SN), por denuncias de una supuesta intervención para evitar una medida judicial de desalojo de comerciantes de Lambayeque. El legislador Michael Urtecho (SN) pidió separar de la denuncia al congresista Acuña, a fin de que se vea y vote por separado.
La mayoría de los miembros de la comisión estuvieron de acuerdo en que la denuncia al congresista Simon se sustenta en un documento fraguado, pero ante sus declaraciones periodísticas contradictorias, dijeron que era necesaria su presencia en ese grupo de trabajo para explicar el caso. El congresista Mauricio Mulder (CP) estimó que no era necesaria mayor investigación porque estaba clara la falsificación de documentos.
De otro lado, se acordó declarar improcedentes las denuncias formuladas contra los congresistas Heriberto Benítez Rivas (SN) y José Diez Dios (GPF), por supuesta infracción al Código de Ética.
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