El Perú rechazó hoy ante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el calificativo de “insurgentes” que emplea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para calificar a los grupos terroristas.
“El Perú no acepta que los responsables de tan graves crímenes (…) se les dé otra calificación que no sea la de terroristas”, señaló el representante peruano permanente ante la OEA, Walter Albán, al exponer la propuesta para optimizar el trabajo de la CIDH.
Indicó que la apropiada denominación de “terroristas” resulta una exigencia no solamente ética, sino derivada de la Constitución, las leyes, los tribunales, así como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.
Asimismo, consideró que la remisión por parte de la CIDH del caso Eduardo Cruz Sánchez, también conocido como “Chavín de Huántar”, a la Corte de San José, ha sido equivocada.
“Como habrá de quedar demostrado ante la Corte de San José, ha sido una decisión errada en tanto este caso aún se encuentra en sede nacional y su tratamiento se viene llevando a cabo de conformidad con la legislación peruana, acorde con los estándares internacionales”, dijo.
El caso Eduardo Cruz Sánchez se refiere a las presuntas ejecuciones extrajudiciales que se habrían realizado contra terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) tras la liberación de los rehenes que este grupo subversivo mantenía en la residencia del embajador de Japón, en Lima, en 1997.
Albán refirió que las decisiones adoptadas por la CIDH, como la denominación de “insurgentes” y la remisión del caso Cruz Sánchez a la Corte IDH, han producido un debate interno muy intenso en el Perú, por ser conceptos de alta sensibilidad política y social.
“El terrorismo es un flagelo que pocos países como el mío han conocido en carne propia, con la pérdida de decenas de miles de vidas humanas, y que en algún momento en los años 80 y 90 llegó a poner en riesgo la propia viabilidad del país”, subrayó.
Albán cuestionó además ante el Consejo Permanente de la OEA que cada vez sea más frecuente que se tramiten en la CIDH casos en los que responsables de actos de terrorismo alegan la supuesta vulneración de sus derechos.
Señaló que esa tramitación “ajena a la sensibilidad de la sociedad peruana”, frente a hechos que dieron lugar a sentimientos de zozobra y terror generalizado en Perú, “no contribuye a la percepción positiva de la labor que desarrolla la comisión”.
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