Para quienes aquí publicaron los documentos reservados del Departamento de Estado de los EE.UU. lanzados a los cuatro vientos por WikiLeaks, este reciente saqueo electrónico de documentos confidenciales del gobierno peruano es un desafío. ¿Los tratarán como libertad de información o como espionaje? Es decir, ¿los publicarán apenas lleguen a sus manos?
Las primeras relaciones no hablan de documentos muy secretos, pero se anuncia más. En el caso de los 1.000 sustraídos a la Cancillería no se sabe aún el daño que ellos podrían producir. Pero si el saqueo de archivos estatales continúa, tarde o temprano se va a encontrar con materiales inflamables.
Hasta ahora los tropiezos de los gobiernos con Internet han producido dos tipos de reacción básica: lamentar el hecho y anunciar un refuerzo de la seguridad, o buscar responsables y salir a la caza de recursos para controlar la red. Hasta aquí la primera salida ha demostrado ser mucho más eficaz, más realista y menos costosa que la segunda.
Al final el destape de la correspondencia privada de la diplomacia estadounidense no causó la hecatombe geopolítica que algunos auguraron. Simplemente volvió a los diplomáticos más cautos. El principal efecto ha sido establecer una suerte de industria del pillaje electrónico, realizado en nombre de un derecho universal a la información confidencial.
La ideología declarada es una suerte de robinhoodismo. Robar a los ricos en información que han cometido alguna incorrección política, para poner esos datos al alcance de los desinformados. Pero cuando uno mira la variada lista de los hackeados en el mundo, la cosa más parece un tremendo vacilón cibernético en marcha.
Sin embargo este último operativo local tiene un propósito, anunciado ya en junio pasado: castigar a los gobiernos de Chile y Perú (“Andes libres”) por sus intentos de monitorear contenidos de la red. Algo que el gobierno de Sebastián Piñera parece realizar, tímidamente, y el que Ollanta Humala no, que se sepa.
En efecto algunas páginas web del Estado peruano fueron atacadas en setiembre pasado, así como una del partido Perú Posible. Debemos entender que si no hubo más ciberataques significativos desde entonces ha sido por buena conducta. Lo cual no explica por qué el pillaje ha recomenzado ahora, a una mayor escala.
¿Dónde puede acabar la escarbadera? El de WikiLeaks fue un botín algo envejecido. Pero un destape de papeles peruanos o chilenos sobre el juicio en La Haya, o de papeles militares sobre el VRAE, o civiles sobre Conga podría tener serias consecuencias. No tanto, sospechamos, la publicación de los correos electrónicos de Óscar Valdés.
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