viernes, 24 de febrero de 2012

Según la Fiscalía está probado que los directivos de BTR interceptaron las comunicaciones

El fallo. Carlos Tomasio y Elías Ponce aguardan sentencia.

El fiscal superior Tony García Cano reiteró ayer ante la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel que los directivos y empleados de la empresa BTR cometieron el delito de interceptación de las comunicaciones.
"Al ser detenidos se encontraron en su poder una serie de CDs y USBs con abundantes audios de la interceptación telefónica que realizaron desde el 2004 a diversos ciudadanos y empresas", enfatizó el fiscal.
Igualmente, dijo, en sus computadoras personales se encontró instalado el programa VRS (Voice recording system) que habrían utilizado para interceptar y grabar las comunicaciones telefónicas.
Tony García inició ayer la sustentación oral de la acusación penal contra Elías MaPonce Feijóo, Carlos Tomasio de Lambarri, Giselle Giannotti Grados, Martín Fernández Vírhuez, Jesús Ojeda Angles, Jesús Tirado Seguín, Alberto Salas Cortez y Pablo Martell Espinoza.
El fiscal continuará hoy con su alegato, con el que se inicia la última etapa del juicio público por el caso BTR, antes que se dicte sentencia. En esta primera audiencia, García Cano expuso las pruebas y hechos que demostrarían la vinculación de los procesados con el delito de interceptación telefónica.
Hoy, a partir de las 10:00 am, el fiscal expondrá las pruebas que sustentarían la acusación por delito de violación de las comunicaciones y asociación ilícita para delinquir. Al iniciar el juicio, la Fiscalía pidió penas de entre 9 y 10 años de prisión para cada uno de los ocho acusados, además de una reparación civil de un millón 600 mil soles. Es muy probable que el fiscal reitere el mismo pedido de prisión que hizo al comenzar el juicio.
CLAVES
Ante los cuestionamientos de Giannotti de que se observaron sus USB sin autorización del juez, el fiscal Tony García señaló: "La ley dice que se requiere autorización judicial, perotambién es válida la autorización del titular del derecho".
La Fiscalía argumentó que Giannotti y sus abogados autorizaron la visualización de sus USB, cuyo contenido  hoy se convierte en la principal prueba en su contra.

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