La ordenanza 1617, a través de la cual Lima regulará los cambios de suelo en los 49 distritos de la capital, provoca más enemistades que encuentros. El alcalde de San Isidro, Raúl Cantella, aseveró que esta norma excluye a los vecinos sanisidrinos, pues establece que su opinión no tendrá validez ante un pedido de cambio de zonificación.
"La ordenanza vulnera los principios de la participación ciudadana, pese a que la opinión de los vecinos es hoy un tema central en la administración pública", cuestionó el burgomaestre aCorreo.
El artículo 12 de la referida ordenanza señala que las comunas distritales deben recoger la opinión de los vecinos que se verían afectados por un cambio de zonificación. Sin embargo, expresa que este juicio -refrendado por el concejo distrital- "no será vinculante". Es decir no tendrá valor en la decisión final que tomará Lima.
"Indudablemente, esta norma excluye a los vecinos", remarcó Cantella.
Detalló que en su comuna hay 37 pedidos por cambio de zonificación, de los cuales 35 de estos requerimientos son para poder construir centros comerciales.
RESIDENCIALIDAD. Explicó que la 1617 afectaría la residencialidad de sus vecinos, pues su comuna ya está por concluir un Plan de Desarrollo Urbano con una proyección al 2022.
"Se nos encargó hacer un plan urbano y casi está terminado. No es posible que ahora venga Lima y diga 'nosotros ahora somos los que vamos a decidir y no ustedes'", anotó.
Al respecto, Humberto Guzmán, gerente de Desarrollo Urbano de San Isidro, precisó que se le pide a Villarán dejar sin efecto el referido artículo 12, es decir, que se tome en cuenta la posición de los vecinos -dijo- como venía ocurriendo anteriormente (ver infografía).
"La participación vecinal siempre ha sido obligatoria e imperativa; sin ella el procedimiento no tenía valor", dijo, tras indicar que también se solicita a Lima exceptuar a San Isidro de la aplicación de la ordenanza, pues cuentan con un plan de urbanismo.
"De lo contrario, esta ordenanza terminará creando inestabilidad en el planeamiento urbano en el distrito", dijo.
Por su parte, el alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe, también cuestionó que Villarán no haya consultado con los municipios antes de promulgar la norma.
"Me sorprende que la alcaldesa haya pasado por encima de las autoridades locales, cuando ella misma defendía el diálogo y la concertación", apuntó.
SURCO. Ayer, el alcalde de Surco, Roberto Gómez, denunció que 20 parques en su distrito -entre ellos "Locuto"- están amenazados por el cambio de zonificación, y corren el riesgo de dejar de ser espacios públicos para caer en manos de privados y convertirse en edificios.
"Estos parques se encuentran en la condición de otros usos y la Superintendencia de Bienes Nacionales los ha entregado a terceros", dijo, al indicar que ha iniciado acciones de prescripción y nulidad ante el Poder Judicial.
Responsabilizó de ello a la anterior gestión de Juan Manuel del Mar y habló incluso de un "interés particular" al momento de otorgar la licencia de construcción.
No obstante, Del Mar rechazó las imputaciones y precisó que el cambio de zonificación se hizo durante el periodo del exalcalde Carlos Dargent. "Fue con la ordenanza 07-2006, cuando Gómez era regidor", dijo.
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