LIMA -
No hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague, parece ser el refrán del caviarismo internacional, que a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha formalizado ya la denuncia contra el Perú por supuestas ejecuciones extrajudiciales en la exitosa operación "Chavín de Huántar". Conocedores de la pésima defensa que suele presentar el Estado ante la Corte Interamericana, un grupo de abogados convocados por Ántero Flores-Aráoz ha decidido patrocinar a las únicas posibles víctimas, los valientes comandos que salvaron las vidas de los rehenes y el honor del país.
La denuncia de la CIDH ante la Corte Interamericana es contra el Estado peruano y no contra los comandos. Algún cínico podría decirles ¿qué vela tienen en este entierro?
Es correcto que las denuncias en el sistema interamericano se dirigen contra los Estados que han suscrito la Convención y aceptado la jurisdicción de la Corte; pero si bien los comandos no son los demandados, cualquier cosa que resuelva la Corte los afectará para bien, si se declara infundada la denuncia, o para mal si se ordena reabrir un caso ya juzgado, haciendo cera, pabilo y hasta leña del principio de la cosa juzgada.
¿La Corte admitirá que el grupo de abogados que se han reunido para defender gratuitamente (pro bono) a los comandos participe en las audiencias?
Para mí resulta esencial. Si el juicio va mal, a ellos le cae la quincha encima. El principio del debido proceso y de defensa en juicio deben admitirse su participación, bien sea directa o a través de abogados y representantes o bien mediante el denominado amicus curiae, que es cuando un tercero ofrece voluntariamente su opinión para colaborar con el tribunal en la resolución del caso y en este caso en particular, para evitar una injusticia. Estamos estudiando estas posibilidades. Hay que recordar también que con la reforma del 2010 se aceptó que no sólo la CIDH presente casos ante la Corte sino también los supuestos afectados. Bajo esa línea, cómo podría prohibirse la participación de quienes podrían ser afectados por la sentencia.
¿La CIDH sostiene que la jurisdicción militar no constituye el foro apropiado para investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos? Ese es una vieja letanía de la Comisión, pero que ya ha sido dejada de lado por la Corte en resoluciones recientes y aclarada a nivel interno por el Tribunal Constitucional. No olvidemos que el rescate de los rehenes fue una operación militar. Esta excepción no alcanza a personal civil que pudiera haber intervenido al margen del operativo. Por ello el sobreseimiento (archivamiento del proceso por falta de pruebas) con declaración expresa de inocencia en el fuero militar policial es perfectamente válido.
¿No habría entonces sustento alguno en esta denuncia de la CIDH?
Lo que hay es un lunar debido al tiempo que se viene demorando el Poder Judicial en concluir el juzgamiento de los implicados en posibles ejecuciones extrajudiciales, en que dos veces se ha quebrado el proceso; que atenta contra el principio del plazo razonable. Pero al margen de ese dato, hay un sesgo antisistémico en toda la denuncia, lo que constituye un abuso.
La CIDH hace suyas las afirmaciones de los denunciantes de que cuando la Corte Suprema dirimió a favor de la justicia militar el conflicto de competencias fue por presiones de algunos ministros del gobierno. Quieren convertirse en jueces de jueces y decir cuando se aplica bien o mal la justicia atentando contra la organización interna del Estado peruano. Esa decisión de la Corte Suprema se emitió en democracia absoluta, no por una Sala Transitoria poblada de magistrados provisionales que hacían lo que les dictaban desde el SIN. No hubo jueces sin rostro ni nada que se les parezca.
¿El Estado tiene las de ganar frente a esta denuncia? Para alcanzar la justicia se precisan tres requisitos: tener la razón, saberla expresar y que te la quieran dar. El abogado que dice "voy a ganar" antes de tiempo es un émulo de Pinocho. Necesitamos una buena defensa, acreditando todo lo que se pueda la limpieza de la operación de rescate y atacando la falta de pruebas de la tesis de los supuestos "gallinazos", y cuidando que los magistrados actúen imparcialmente.
¿No está acreditada la participación de Huamán Azcurra y los demás "gallinazos"? No en el sentido de la existencia de una operación paralela. Sólo se sostienen en el dicho de Ogura que es imposible de verificar. Personalmente estuve con el procurador Cobeña en la réplica de la residencia y es imposible, desde el lugar donde Ogura afirma haber presenciado las ejecuciones, que pudiera ver lo que pasaba. Menos aún en medio del trauma acústico y la humareda que existía en esos momentos.
La denuncia de la CIDH ante la Corte Interamericana es contra el Estado peruano y no contra los comandos. Algún cínico podría decirles ¿qué vela tienen en este entierro?
Es correcto que las denuncias en el sistema interamericano se dirigen contra los Estados que han suscrito la Convención y aceptado la jurisdicción de la Corte; pero si bien los comandos no son los demandados, cualquier cosa que resuelva la Corte los afectará para bien, si se declara infundada la denuncia, o para mal si se ordena reabrir un caso ya juzgado, haciendo cera, pabilo y hasta leña del principio de la cosa juzgada.
¿La Corte admitirá que el grupo de abogados que se han reunido para defender gratuitamente (pro bono) a los comandos participe en las audiencias?
Para mí resulta esencial. Si el juicio va mal, a ellos le cae la quincha encima. El principio del debido proceso y de defensa en juicio deben admitirse su participación, bien sea directa o a través de abogados y representantes o bien mediante el denominado amicus curiae, que es cuando un tercero ofrece voluntariamente su opinión para colaborar con el tribunal en la resolución del caso y en este caso en particular, para evitar una injusticia. Estamos estudiando estas posibilidades. Hay que recordar también que con la reforma del 2010 se aceptó que no sólo la CIDH presente casos ante la Corte sino también los supuestos afectados. Bajo esa línea, cómo podría prohibirse la participación de quienes podrían ser afectados por la sentencia.
¿La CIDH sostiene que la jurisdicción militar no constituye el foro apropiado para investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos? Ese es una vieja letanía de la Comisión, pero que ya ha sido dejada de lado por la Corte en resoluciones recientes y aclarada a nivel interno por el Tribunal Constitucional. No olvidemos que el rescate de los rehenes fue una operación militar. Esta excepción no alcanza a personal civil que pudiera haber intervenido al margen del operativo. Por ello el sobreseimiento (archivamiento del proceso por falta de pruebas) con declaración expresa de inocencia en el fuero militar policial es perfectamente válido.
¿No habría entonces sustento alguno en esta denuncia de la CIDH?
Lo que hay es un lunar debido al tiempo que se viene demorando el Poder Judicial en concluir el juzgamiento de los implicados en posibles ejecuciones extrajudiciales, en que dos veces se ha quebrado el proceso; que atenta contra el principio del plazo razonable. Pero al margen de ese dato, hay un sesgo antisistémico en toda la denuncia, lo que constituye un abuso.
La CIDH hace suyas las afirmaciones de los denunciantes de que cuando la Corte Suprema dirimió a favor de la justicia militar el conflicto de competencias fue por presiones de algunos ministros del gobierno. Quieren convertirse en jueces de jueces y decir cuando se aplica bien o mal la justicia atentando contra la organización interna del Estado peruano. Esa decisión de la Corte Suprema se emitió en democracia absoluta, no por una Sala Transitoria poblada de magistrados provisionales que hacían lo que les dictaban desde el SIN. No hubo jueces sin rostro ni nada que se les parezca.
¿El Estado tiene las de ganar frente a esta denuncia? Para alcanzar la justicia se precisan tres requisitos: tener la razón, saberla expresar y que te la quieran dar. El abogado que dice "voy a ganar" antes de tiempo es un émulo de Pinocho. Necesitamos una buena defensa, acreditando todo lo que se pueda la limpieza de la operación de rescate y atacando la falta de pruebas de la tesis de los supuestos "gallinazos", y cuidando que los magistrados actúen imparcialmente.
¿No está acreditada la participación de Huamán Azcurra y los demás "gallinazos"? No en el sentido de la existencia de una operación paralela. Sólo se sostienen en el dicho de Ogura que es imposible de verificar. Personalmente estuve con el procurador Cobeña en la réplica de la residencia y es imposible, desde el lugar donde Ogura afirma haber presenciado las ejecuciones, que pudiera ver lo que pasaba. Menos aún en medio del trauma acústico y la humareda que existía en esos momentos.
¿Lo de la CIDH es un exceso de celo en la defensa de los derechos humanos o hay algo más?
Desde hace tiempo y al margen de los cambios de personas, hay un sesgo contra una serie de Estados. No existe la imparcialidad que requiere un órgano como la CIDH que en buena cuenta actúa como fiscal. En esto tiene que ver mucho la candorosidad de los países de la OEA. Esos integrantes no caen del cielo como maná. Los nombra la Asamblea de la OEA en un sistema de canje de favores que no asegura a la gente adecuada.
¿En qué sentido se refiere a "gente no adecuada"?
Que tanto magistrados como comisionados mantengan la mente abierta y no se inclinen ni por las posiciones caviares ni por las conservadoras; para poder decidir en justicia. Pero lo habitual es elegir a personas con sesgo de izquierda.
Ese sesgo lo podemos notar cuando la CIDH, además de pedir sancionar al Perú por la demora en investigar los hechos, reclama el pago de indemnizaciones, adelantándose a la comprobación de alguna violación a los derechos humanos.
La figura es aún peor, porque el pedido de indemnización no está subordinado a la condena al Estado peruano por supuestos atropellos. Es su primer pedido y totalmente autónomo. Comienzan con la conclusión y luego vienen las premisas. Es la lógica al revés. Es evidente que están prejuzgando. Mario Camoirano
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